La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una serie de artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y avaló, por mayoría de votos, que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, contenidas en la ley 3de3, se mantengan en reserva para proteger los datos personales y vida privada.
Con la determinación de la Corte, a propuesta del ministro José Ramón Cossío, se permitirá que se den a conocer las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos sólo en versiones públicas, en las que se habrán de suprimir los llamados datos sensibles.
En su sesión de este martes, el pleno del Alto Tribunal validó las facultades del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para emitir las normas y los formatos en los que los servidores habrán de presentar sus declaraciones.
