Después de un intenso proceso de análisis, diálogo y apertura política, en el que participaron el Poder Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política, los integrantes de los grupos parlamentarios, las comisiones y el Pleno, la 59 Legislatura mexiquense aprobó el Paquete Fiscal del Estado de México para 2018, con un presupuesto de egresos por 280 mil 422 millones de pesos (mdp), 8 por ciento superior al de este año.
En sesión del Séptimo Periodo Ordinario que preside el diputado Diego Moreno Valle (PRI), los legisladores acordaron reasignar recursos para la Secretaría de Seguridad Pública, proyectos agropecuarios y la Comisión de Derechos Humanos de la entidad por 100 mdp, 65 mdp y 50 mdp, respectivamente, así como 50 mdp adicionales para la UAEM, cuyo presupuesto contará con 850 mdp más en comparación de este año, es decir 18 por ciento más.
Sin posicionamientos, con 65 votos favorables y cinco en contra, la aprobación del Paquete Fiscal incluyó las propuestas de diputados para otorgar recursos adicionales para la preservación de la Mariposa Monarca, la conservación del Nevado de Toluca y el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).
Incluye también 134 mdp más para el combate de la violencia de género, así como 8 mil mdp para acciones en materia de igualdad de género.
De acuerdo con el dictamen leído por el diputado Rafael Osornio Sánchez (PRI), presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público, el Presupuesto de Egresos del Estado de México prioriza el destino de los recursos para seguridad, salud, educación, infraestructura, reconstrucción por las secuelas del sismo del pasado 19 de septiembre y desarrollo social.
Cabe señalar que durante el análisis en comisiones, legisladores de diversos grupos parlamentarios reconocieron la apertura del gobierno de Alfredo del Mazo Maza para analizar las iniciativas de leyes de Ingresos del Estado de México, la de los municipios, el Presupuesto de Egresos y las reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios, entre otros ordenamientos.
La Ley de Ingresos del Estado de México aprobada por la Legislatura mantiene beneficios fiscales a favor de grupos vulnerables mediante el otorgamiento de estímulos a empresas que contraten a jóvenes, a adultos mayores, a personas que accedan por primera vez al mercado laboral y prerrogativas en el pago de contribuciones estatales por actos administrativos.
El dictamen, leído por el diputado Aquiles Cortés López (Nueva Alianza), también prevé ingresos estatales por 1.4 por ciento superiores en relación con el cierre preliminar de los ingresos del estado.
El propósito de la Ley de Ingresos de los Municipios, cuyo dictamen fue expuesto por la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD), presidenta de la Comisión de Finanzas Públicas, es incentivar el crecimiento de los municipios, sentando las bases para el fortalecimiento de sus ingresos públicos y privilegiando acciones en materia de idoneidad del ejercicio del gasto y la fiscalización.
En cuanto al pago del impuesto predial y de derechos de agua potable, se conservan los porcentajes de bonificación por pago anual anticipado de 8, 6, y 4 por ciento durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, y se mantiene el estímulo por puntual cumplimiento en el pago de los dos últimos años.
En beneficio de pensionados jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos y madres solteras sin ingresos fijos, estos sectores recibirán una bonificación de 34 por ciento en el pago del impuesto predial y 38 por ciento en el pago de los derechos por servicio de suministro de agua.
Las adecuaciones a los códigos Financiero y Administrativo y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios establecen ajusten normativos enfocados al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales dejando a un lado incrementos excesivos en la carga fiscal o administrativa de la población.
De acuerdo con el dictamen leído por el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas (PAN) sólo propone ingresos en fuentes tributarias que no afectan a los sectores más sensibles y establece medidas para incentivar la simplificación, la seguridad jurídica y la transparencia administrativa en la gestión pública.
