Un tribunal de Bélgica aplazó ayer la fecha para los argumentos sobre la extradición del destituido líder catalán Carles Puigdemont y cuatro allegados suyos, posiblemente dejándolos en Bélgica hasta después de las elecciones regionales catalanas.
La audiencia en Bruselas para los cinco catalanes es el episodio más reciente de su fuga a la capital belga y su negativa a regresar a España donde son acusados de rebelión y sedición, cargos que podrían acarrearles 25 años o más de cárcel.
Puigdemont ha anunciado planes de encabezar la campaña de su partido para las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno central para resolver la mayor crisis institucional en las últimas cuatro décadas de historia española.
Los primeros ministros de España y Bélgica se reunieron el viernes, antes de la sesión judicial, para hablar de las relaciones bilaterales, tensas debido a la crisis sobre el futuro de los funcionarios catalanes.
Sea cual sea la decisión, se permitirán dos apelaciones y una decisión definitiva podría darse bien después del 21 de diciembre.
Y es que la fiscalía sostuvo que, bajo la ley belga, los catalanes no incurrieron en corrupción sino en una “conspiración de empleados públicos” y que “no puede haber extradición” por negarse a desempeñar cabalmente sus cargos. No mencionó los cargos que alega España: de sedición y rebelión.
