Antes del muro había una cerca y Estados Unidos todavía la está pagando. Mientras el presidente Donald Trump trata de convencer a un Congreso escéptico que le dé miles de millones de dólares para erigir su muro en la frontera con México, los abogados del gobierno siguen disputando con los terratenientes texanos que entablaron demandas en torno a una cerca aprobada hace más de una década. Esta semana se celebraron dos acuerdos.
Las batallas legales en torno a una cerca en apenas un tramo de la frontera han durado más que dos presidencias. Si el gobierno de Trump insiste en sus planes de construir el muro colosal prometido por él, tal vez deba verse obligado a demandar a cientos de terratenientes, quizás algunos de los mismos.
La llamada Secure Fence Act (Ley de Cerca Segura), sancionada en 2006 por el presidente George W. Bush con el apoyo de muchos legisladores demócratas, asignó fondos para la construcción de aproximadamente un tercio de los 3 mil 200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.
Al final se instalaron cercas por un total de mil 43 kilómetros, 160 de ellos en Texas, el estado que tiene la frontera más larga con el vecino del sur. El cauce irregular del río Bravo, el terreno accidentado y la propiedad privada crearon una multitud de obstáculos mecánicos y legales y se requirieron cientos de tratos con propietarios para quitarles parte de sus tierras.
El gobierno federal puede recurrir al poder de dominio eminente para expropiar propiedad privada con fines de utilidad pública a cambio de lo que la Constitución llama una “compensación justa”, pero el proceso puede demorar años si el propietario decide apelar. El departamento de Justicia inició unas 400 demandas bajo la ley de la cerca fronteriza, aunque no se la instaló en todas las tierras reclamadas.
