Comuneros de San Juan Coapanoaya, en el municipio de Ocoyoacac, denunciaron que la construcción del tren interurbano en todos y cada uno de sus puntos tiene vicios de origen que le impedirán ser concluida en el 2018, entre ellos, la intimidación por parte de la empresa GAP para no pagar precios justos por los terrenos a cerca de 167 personas.
Durante una conferencia de prensa, advirtieron que en caso de no corregirse dicha situación no solamente tomarán en breve la carretera México-Toluca, sino llevarán a cabo otras acciones legales para suspender la obra.
Asimismo, pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM), para que funja como intermediadora en caso de conflictos, así como de la universidad estatal, para que estudie este tipo de problemas desde Zinacantepec y proponga alternativas en el asunto de la liberación de tramos.
Por su parte, Santiago Pérez Alvarado, asesor de dicha comunidad, explicó que llegan “las liberadoras” (empresa GAP) a las comunidades y les dicen a las propietarias de los terrenos que si no venden procederán a la expropiación, y con esto el pago oscilará en 20 ó 30 pesos, pero si los comuneros son los que ofrecen sus tierras les darán entre 600 y 700 pesos.
Aseguró que la mayor parte de los terrenos relacionados con la obra se ha pagado a precios de 600 a mil 800 pesos; “pero la novedad es que la compañía GAP tiene amigos poderosos o abogados bien asesorados y se llega a pagar hasta 5 mil pesos”.
Por lo anterior, negó que existan avalúos hechos por autoridades o por instituciones oficiales, sino que más bien se trata de precios que se fijan a través del “temor y la represión”, porque si la gente se niega a la construcción le inician una carpeta de investigación, y en caso de que bloquen las carreteras los meten a la cárcel y ahí negocian.
Agregó que en dicha comunidad vendieron dos tramos hace seis años, y ambos fueron por 700 y 900 pesos, “cuando ésas tierras se pagaron en partes más adelante en mil 800 pesos; lo cual quiere decir que ahora están otorgando un precio menor”.
Actualmente, añadió, están intentando comprarles 24 mil metros para que muevan unas torres, motivo por el cual los propietarios están en pláticas para que les paguen un precio justo.
En este contexto, lamentó el hecho de que la empresa GAP haya visto que la autoridad comunal y su asamblea se encuentran bien posicionados para que no haya una injusticia, por lo que ahora, buscaron a un grupo de comuneros para hacer negociaciones atrás de la autoridad agraria.
Al ser descubierta dicha situación, dijo el representante de los comuneros, ahora se está solicitando la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que si no toma “cartas en el asunto” seguirán dividiendo a las comunidades.
